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El Decreto 875/2026 designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y creó dispositivos de supervisión y coordinación federal para el nuevo régimen penal juvenil.
En el caso Pagani, la Corte Suprema anuló una sentencia laboral que había aumentado de oficio la indemnización cuando solamente había apelado la ART.
El Poder Ejecutivo aceleró el procedimiento sancionatorio por actividades hidrocarburíferas no autorizadas e incorporó declaraciones juradas y controles para proyectos RIGI y permisos del sector.
