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La Ley 27.815 aprueba el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, un tratado internacional orientado a impedir que la pesca ilegal use los puertos y llegue a los mercados.
Una Cámara Civil confirmó una cláusula penal contra una desarrolladora que demoró la escrituración y no logró probar que el atraso fuera responsabilidad de la administración.
La ley aprueba el protocolo que actualiza reglas sobre establecimiento permanente, dividendos, intereses, regalías y ganancias entre ambos países.
