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El Poder Ejecutivo aceleró el procedimiento sancionatorio por actividades hidrocarburíferas no autorizadas e incorporó declaraciones juradas y controles para proyectos RIGI y permisos del sector.
El máximo tribunal reafirmó que la intervención del Ministerio Pupilar es obligatoria cuando una decisión judicial compromete directamente los intereses de una persona menor de edad.
El Poder Ejecutivo reglamentó dos suplementos mensuales para personal militar en actividad afectado a operaciones especiales y a sistemas de armas de alta performance.
